Urge una evaluación de los impactos de la política de apertura comercial en el Perú

Hace más de dos décadas en el Perú, se viene promoviendo una política de apertura comercial que mira al comercio como la panacea y por lo tanto no se ha detenido a ver el impacto real de los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión que ha firmado. Ha tenido oportunidades para revertir algunos temas sensibles, como cuando China aceptó algunas recomendaciones del Informe Final del Examen Periódico Universal (EPU) en 2019, como la Recomendación 28.130 que señala promover medidas para garantizar que el desarrollo y los proyectos sean consistentes con los derechos humanos, el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales y  la Recomendación 21.131 que señala que se debe considerar la creación de un marco legal que garantice que las actividades llevadas a cabo por las industrias no afecten de manera negativa a los derechos humanos fuera de sus fronteras.

Esto sucedió mientras Perú y China estaban en un proceso de negociación para optimizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países habían suscrito en 2009 y que entrara en vigencia el año siguiente. Con la aceptación de China a las recomendaciones del EPU, se abría una oportunidad para incluir un capítulo ambiental; de gran importancia para los peruanos y peruanas, sobre todo si consideramos que el grueso de la inversión China se concentra el sector extractivo minero y de hidrocarburos, lo que implica que se ven involucradas zonas de alta diversidad biológica y con presencia de comunidades indígenas; pero a pesar de las recomendaciones de la sociedad civil, no se implementó.

Cada que se negocia un acuerdo comercial en el Perú, saltan inmediatamente a la vista los esfuerzos por incluir medidas en beneficio de las grandes inversiones, como los mecanismos de protección para medicamentos, sobre la transmisión de información a través de internet o protecciones mayores en el mecanismo Inversionista-Estado y nuestro país, termina accediendo a las propuestas impuestas por los países con los que se negocia. Todo ello envuelto en un secretismo que ha venido agudizándose año tras año y sin tomar en cuenta a la sociedad civil. No es suficiente que Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) convoque a reuniones informativas para exponer el proceso de las negociaciones, eso de ninguna manera valida un ejercicio participación, de transparencia e información de calidad.

Hace unos días, el 14 de julio de 2021, el Congreso de la República saliente ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), también conocido como TPP-11, que involucra a 11 países (con la mayoría ya tenemos acuerdos comerciales firmados): Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Perú. Y que hasta el momento había sido firmado por siete países. Este acuerdo, como otros ya firmados, va más allá de los asuntos meramente comerciales, y refuerza un ambiente comercial a favor de la gran inversión extranjera.

Esta ratificación express sin debate y análisis real, se ha llevado a cabo de espaldas a la sociedad civil. Este proceso debía ser acompañado de una evaluación de los impactos que ha traído la apertura de la política comercial a nuestro país y de un diálogo con la sociedad civil que ha expresado, por años, su desacuerdo. El Congreso debió buscar la mejor y más amplia información, sin que el tiempo sea una prioridad, y en aras de salvaguardar los derechos de nuestras poblaciones, por encima de los intereses comerciales, se debió concertar un espacio amplio para la discusión.

Le corresponde al gobierno entrante hacer una evaluación de los impactos de la política de la apertura comercial que hasta el momento ha tenido implicancias en nuestra política interna y soberanía; asimismo, le corresponde establecer mecanismos que involucren la participación ciudadana, donde se pueda establecer que tipo de comercio queremos, las líneas rojas de las negociaciones y buscar un comercio que promueva una integración regional y no valide la agenda de los intereses de las trasnacionales afianzando un modelo de desarrollo extractivista que no coloca como prioridad en su agenda a los derechos humanos.

Foto / Publicado en: Para Amarilla