Cuestionada implementación del TLC
Alejandra Alayza Moncloa.
Coordinadora ejecutiva RedGE
La publicación de los casi cien decretos legislativos (DL) para la implementación del TLC con Estados Unidos no ha podido pasar desapercibida. Este nuevo paquetazo aprista ha propiciado quizá una de las más profundas reformas de los últimos años, en las que se han incluido no solo las advertidas en el TLC, sino también aquellas de la altamente cuestionada agenda del perro del hortelano.
Son de particular preocupación, los DL relacionados con la promoción de las actividades extractivas que reformulan el régimen de tierras, agua, manejo de bosques, derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como la reforma del régimen laboral. Ya que a través de ellos, el gobierno ha impuesto modificaciones altamente cuestionadas, que no lograban acuerdo en el parlamento nacional y que constituyen temas de altísima conflictividad social. Frente a esta avalancha de reformas, quedan algunos procesos que deberán evaluar la pertinencia de las acciones del Ejecutivo:
Más allá de las facultades: inconstitucionalidad de los DL
La delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, de la Ley N° 29157, tenía como objetivo la implementación del TLC, así como apoyar la mejora de la competitividad económica para su aprovechamiento. Sin embargo, en opinión de algunos constitucionalistas, la interpretación que habría hecho el Ejecutivo de estas facultades para la elaboración de los DL es excesivamente amplia, superando las atribuciones conferidas por el Congreso. Con lo que, ante la aplicación excesiva de estas facultades, se podría inicial un proceso de inconstitucionalidad ante los DL.
DL en contra del espíritu del TLC
El enfoque del "perro del hortelano" para promover la competitividad por parte del gobierno de García constituye en la práctica la disminución de algunos estándares sociales, laborales y ambientales para facilitar la inversión y la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, estas reformas irían en sentido opuesto a las adendas del TLC promovidas por los demócratas y suscritas el año pasado por el Perú. En las cuales, preocupados por el dumping social y ambiental, los demócratas incluyeron la prohibición de disminuir estos estándares para atraer la inversión y promover el comercio.
El gobierno ha aprovechado esta fase previa a la entrada en vigencia del TLC para hacer reformas y así evitar los procedimientos de sanción contemplados en el TLC. Sin embargo, esta salida no es tan fácil. Con estas reformas el Perú está contraviniendo la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en la cual nos comprometimos a no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor. Con lo que, las reformas en materia ambiental y laboral promovidas por los DL podrían ser cuestionadas por esta vía, por debilitar los compromisos asumidos en el TLC.
Urge iniciar un proceso de debate profundo sobre estas reformas, su constitucionalidad e impacto. El Congreso debe jugar un rol central, ejerciendo el necesario contrapeso político y debate democrático. Ojalá que esta vez nuestros representantes estén a la altura de las circunstancias.
La República / 12.08.2008
