DOE RUN PERU

Caso Doe Run. Defensa del Estado ante el CIADI llegaría a costar hasta US$ 8 millones

Ciudad
Lima

Un litigio internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) podría llegar a costar U$ 8 millones. Matthew Porterfield, abogado de Georgetown University Law Center de Estados Unidos, calcula que la demanda Renco Group-Doe Run se podría extender hasta cuatro años llegando el Estado Peruano a pagar entre $US 1 a 2 millones de dólares al año para pagar a los buffets de abogados,  es decir en los cuatro años del proceso un costo aproximado de U$ 8 millones.

Este es el primer caso por lo que el Estado ha sido llevado a un arbitraje internacional amparado en el TLC con los Estados Unidos. Para José de Echave investigador de CooperAcción el Estado peruano no está preparado para afrontar este tipo de demanda, “hay mucha improvisación en el abordaje de los procesos de arbitraje, hay un vacío de información y de conocimiento, una falta de estrategia conjunta de parte del Estado”, señala.
 
Archivo
Fecha

Alerta Urgente Nº 14. Nuevo marco de regulación para inversiones

Serie
Alerta Urgente
Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Descargar PDF610.48 KB
Autor(es)
Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE

La demanda de arbitraje presentada por la empresa norteamericana Grupo RENCO / Doe Run Perú (DRP) contra el Estado peruano, por $ 800 millones por el caso del complejo metalúrgico de La Oroya al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, constituye la primera de lo que pueden ser muchas demandas contra el Estado peruano. Las demandas constituyen amenazas concretas que pueden limitar la aplicación de las reformas necesarias para atender la agenda nacional de gobernabilidad de los recursos naturales y las industrias extractivas.

Doe Run lanza ofensiva

Ciudad
Lima

Nota informativa publicada en el diario La Primera, el 07 de enero de 2011, que recoge declaraciones de RedGE. El reciente anuncio del Grupo Renco, representante de Doe Run Perú, del comienzo de un arbitraje internacional contra el estado peruano en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y los Estados Unidos, constituye un paso previo a lo que sería LA PRIMERA demanda contra el Perú por el supuesto incumplimiento de obligaciones amparadas por el TLC, advierten especialistas consultados.

La empresa minera demandaría al estado peruano por el “sistemático trato injusto e inequitativo” y no haber cumplido “con brindarle total protección y seguridad” apelando al incumplimiento del artículo 10.5 (Nivel mínimo de trato) del Capítulo de X del TLC.
 
Para Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE, “La excesiva protección de los derechos de los inversionistas que otorgan los TLC permiten que empresas como Doe Run Perú, que han incumplido sistemáticamente sus obligaciones con el Perú, tengan ahora mecanismos internacionales para demandar al estado peruano. Prefieren pagar el arbitraje internacional que asumir las responsabilidades que tienen en el país.” La amenaza de inicio de arbitraje impone un plazo de 90 días para que el estado peruano logre un acuerdo con la empresa, sino se iniciaría un costosísimo proceso de arbitraje internacional. 
 
Para el economista José De Echave de CooperAcción esta demanda no es una sorpresa. “En los TLCs, empresas que están seriamente cuestionadas nacional e internacionalmente, encuentran recovecos legales para la impunidad y para debilitar la capacidad soberana de negociación del estado peruano”. 
 
El experto recordó que desde el inicio de las negociaciones de los TLCs diversas organizaciones advirtieron estos problemas, a pesar de que los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo siempre buscaron minimizar estas consecuencias. Atrás quedaron las declaraciones del ex ministro Alfredo Ferrero, que afirmó que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando en temas ambientales”.
 
Los expertos advirtieron que estos casos podrían aumentar considerando que estas protecciones se otorgan en todos los TLCs, incluyendo protecciones a países como China, Canadá o Unión Europea, con fuerte presencia en el sector minero y de Hidrocarburos, sectores con alto nivel de conflictividad. 
 
“Es necesaria la rápida y clara definición del Estado frente este problema, mostrando desde el inicio una posición firme frente a estos procesos”, concluyó De Echave.
 
Fecha

Demandan solución a caos creado por minera Doe Run

Ciudad
Lima

Nota informativa publicada por el portal web Con Nuestro Perú, el 21 de octubre de 2011, que recoge declaraciones de RedGE. La necesidad de establecer un nuevo modelo de explotación de los recursos minerales del país, articular una agenda integral y legítima que diferencie los intereses de las empresas contaminadoras y fortalecer al Estado en el otorgamiento de licencias a las que pongan en riesgo la salud y la vida de la población residente, fue destacada en una evento que se desarrolló en el Palacio Legislativo del Congreso de la República.

 
Se trató de la audiencia pública ‘Los tratados de libre comercio y arbitrajes internacionales. La demanda de arbitraje de Doe Run Perú’, que fuera inaugurada por el congresista Javier Diez Canseco (NGP).
 
El parlamentario comentó que no podía haber un intercambio equitativo entre la potencia económica del mundo, como lo es Estados Unidos o países industrializados de la Unión Europa o los emergentes de Asia, con países subdesarrollados como el Perú.
 
En la práctica, explicó, se ha podido confirmar que no nos favorece el que se nos otorgue acceso preferencial a los grandes mercados cuando no estamos en condiciones de competir, si antes no creamos las condiciones y reservas necesarias para que las reglas de los TLC no nos afecten.
 
Respecto a la situación creada por el caso de la minera Doe Run, Diez Canseco sugirió a los participantes en la audiencia proponer soluciones prácticas y creativas que tengan por finalidad solucionar el problema, asegundo que serán acogidas por el ministro de Energía y Minas y respaldadas por el Congreso de la República.
 
La audiencia pública se centró en el análisis de la situación creada por la minera Doe Run a raíz de su incumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que se comprometió a aplicar en un plazo de diez años cuando asumió la propiedad del complejo metalúrgico de La Oroya en 1997.
 
Las actividades de la empresa fueron paralizadas en julio de 2010 por orden del gobierno, y hasta la fecha el tribunal de Indecopi no se pronuncia sobre el pedido de formar una junta de acreedores, incluidos los trabajadores, que solicite la administración de la empresa, su reestructuración o su liquidación.
 
De otro lado, la empresa ha demandado al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por $US 800 millones, argumentando un supuesto incumplimiento del Perú para remediar los suelos de La Oroya y sus alrededores.
 
En la reunión, Rosa Amaro Toykin, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya, lamentó los niveles de contaminación que afectan a esa localidad de la sierra central, donde un 99.9% de los niños padece de muy altos niveles de plomo en su sangre conforme a los resultados de los estudios realizados por el Ministerio de Salud y la Universidad San Louis de Missouri en años recientes.
 
Según esos estudios, los niños presentan niveles de 45 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre, muy superiores a los niveles de permisibilidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
 
Esos niveles han sido alcanzados por las emanaciones de las fundiciones de la empresa Doe Run Perú de La Oroya.
 
De ahí la necesidad de establecer nuevas normas socioambientales para reducir los niveles de contaminación, y sobre todo, para defender la salud de las poblaciones vecinas y rescatar la dignidad humana, según lo precisó el dirigente Wáshington Mori, secretario de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín.
 
En la reunión participaron también Conrado Olivera, de la Mesa Técnica de La Oroya, y los especialistas Matthew Porterfield, de la Universidad Georgetown de EEUU; Manuel Pérez Rocha, del Instituto de Estudios Políticos de Washington, y Alejandra Loayza, directora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad.
 
El evento, organizado con los auspicios del Congreso de la República y la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, tuvo como marco la IX Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) por sus siglas en inglés), que se desarrolla en nuestra capital.
 
La iniciativa tuvo por finalidad contribuir a la generación de conciencia acerca de las implicancias de la firma de los TLC y sus impactos en la economía nacional y en el desarrollo del país, así como aportar sugerencias al diseño de estrategias legales y políticas para la solución de controversias en los procesos de arbitraje generados por estos tratados ante las instancias internacionales.
 
Fecha

Infografía: La verdad sobre Doe Run Perú: cómo incumplir obligaciones ambientales y demandar al Estado por ello

Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Autor(es)
RedGE, CooperAcción, Red Muqui, Red Uniendo Manos Perú

Esta infografía permite dar una mirada a la problemática de la empresa minera Doe Run y la población de La Oroya. En este documento, se hace un recuento cronológico de la empresa en la zona, resaltando los incidentes que ocasionaron los conflictos con la población. Asimismo, se explica de qué manera los TLC firmados benefician a esta empresa, dándole la opción de demandar al Estado Peruano.

Infografía: TPP: Las inversiones no son negociables

Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Autor(es)
RedGE

Infografía realizada por RedGE que grafica claramente que el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP por sus siglas en inglés) puede otorgar "súper derechos" a los inversionistas y que esto ata de manos a los Estados. Gracias a estos mecanismos, que otorga los acuerdos comerciales, las empresas vienen cuestionando decisiones de los Estados en materia de medio ambiente, salud pública, entre otros, ésto puede ser perjudicial porque puede llevar a que los Estados sean demandados, por ejemplo, por 800 millones de dólares por la empresa Renco Group / DOE RUN 

Alerta Urgente Nº 13. Los antecedentes de DOE RUN PERU

Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Autor(es)
RedGE, CooperAcción

Renco Group y Doe Run Perú (DRP) buscan obtener una millonaria indemnización; nada menos que US$ 800 millones de dólares por el proceso de arbitraje que le iniciaron al Estado peruano en el marco del TLC Perú - Estados Unidos. Este caso se convirtió en el primero de un inversionista en contra de un Estado, amparado por este tratado. Doe Run Perú se ha caracterizado por ser una empresa que ha incumplido sistemáticamente sus compromisos ambientales, generando altos niveles de contaminación que han afectado el ambiente y la salud de la población de La Oroya.

Alerta Urgente Nº 14. Nuevo marco de regulación para inversiones

Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Autor(es)
RedGE

La demanda de arbitraje presentada por la empresa norteamericana Grupo RENCO / Doe Run Perú (DRP) contra el Estado peruano, por $ 800 millones por el caso del complejo metalúrgico de La Oroya al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, constituye la primera de lo que pueden ser muchas demandas contra el Estado peruano. Las demandas constituyen amenazas concretas que pueden limitar la aplicación de las reformas necesarias para atender la agenda nacional de gobernabilidad de los recursos naturales y las industrias extractivas.

Alerta Urgente N° 19. Impactos del TLC con EE.UU.: Inversiones

Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Autor(es)
RedGE

Documento elaborado por la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE en el que se hace un balance de los cinco años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y Estados Unidos en el aspecto de inversiones. El documento señala que desde que el Perú sigue la política de promover y proteger las inversiones ha tenido que afrontar 15 demandas de arbitraje registradas ante el CIADI, 8 de las cuales ya han concluido.