2021

Declaración de representantes de la Sociedad Civil de la Unión Europea y Colombia, Ecuador y Perú

Fecha de publicación
Ciudad
Lima

Representantes de la sociedad civil de la Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú, publicaron este declaración luego de la Sesión Pública del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo Comercial entre el Perú, Colombia y Ecuador, y la UE.

Aprobación del Plan Multisectorial incorporado en el Presupuesto Nacional 2022, ¡ahora!

Autor(es):
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas
Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana
Documento(s)
Fecha de publicación
Ciudad
Lima

Pronunciamiento de las diversas organizaciones sociales, comunidades originarias, frentes de defensa, asociaciones de afectados por la contaminación, plataformas de salud ambiental y otros colectivos de afectados y afectadas agrupados en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PNAMMOQT) y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana (MTSAH) reunidas en el Encuentro de voceros y voceras de la Plataforma los días 18 y 19 de octubre en Lima.

Carta sobre solicitud de reunión y entrega de Documento sobre ISDS

Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Autor(es)
Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE

Carta de solicitud de reunión y entrega de Documento sobre ISDS: El régimen de protección de inversiones y sus impactos en Perú. Se le alcanzó a los ministros de Estado, un análisis sobre la política de apertura comercial en el Perú. Y es que nuestro país lleva firmados más de 20 acuerdos comerciales de los cuales 13 permiten la resolución de controversias inversor-Estado (ISDS) ante tribunales de arbitraje internacional y otro tanto de tratados bilaterales, los mismos que han sido negociados y firmados en otros escenarios y contextos.

Política de apertura comercial ¿Dónde estamos?, ¿Hacia dónde vamos?

Perú tiene una política de apertura comercial de larga data. En nuestro país se han firmado más de veinte acuerdos de libre comercio y se siguen negociando otros, con más países. Además, anteriormente a la firma de estos acuerdos se firmaron los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que incluyen una amplia protección para los inversores, otorgándoles derecho exclusivo a las empresas extranjeras a demandar a nuestro país ante tribunales de arbitraje internacional gracias a una cláusula de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Así los inversores extranjeros pueden demandarnos cuando sienten que sus ganancias se han visto afectadas negativamente. Hoy somos el cuarto país más demandado de América Latina y El Caribe; y entre el 2019 y 2020 fuimos el país más demandado del mundo, con seis demandas y un número similar como amenazas.

El Perú tiene 27 TBI vigentes, de los cuales, 18 de ellos ya han finalizado la fase inicial de vigencia -que generalmente va de 10 a 15 años-, lo que significa que nuestro país tiene la oportunidad de denunciarlos, es decir darles fin tal como se estipula en los propios tratados. Lo que no debería significar ninguna inestabilidad para nuestro intercambio comercial. Cabe decir que con estos países –por lo menos en su mayoría- se cuenta con Tratados de Libre Comercio (TLC).

Los TLC han sido firmados como “el remedio” para nuestro país, con la permanente propaganda de la atracción de inversiones como la puerta al desarrollo. Estos acuerdos van más allá de lo comercial y han demostrado que en aras de esa atracción de inversiones se terminan flexibilizando las normativas nacionales debilitando la institucionalidad, de ahí que muchas veces estos acuerdos han sido firmados muy a pesar de la protesta de diferentes actores, incluso a pesar de las opiniones contrarias de algunos sectores del mismo gobierno, como ha sucedido.

Luego de tantos años de promover esta política de apertura comercial y de cara a un gobierno que ha manifestado en campaña y en el discurso presidencial del 28 de julio la necesidad de revisar la política de apertura comercial, vale la pena promover una evaluación de lo que ha implicado esta política, ¿quiénes han sido los ganadores y quienes los perdedores?, ¿cuál es la balanza comercial como resultado de la firma de estos acuerdos?, ¿se deben renegociar los acuerdos comerciales?, ¿necesitamos  seguir contando con los TBI? ¿por qué insistir en un capítulo de inversiones en los TLC?

A diferencia de los Tratados Bilaterales de Inversión, los acuerdos comerciales no tienen esta caducidad establecida, sin embargo, no son intocables ya que pueden ser revisados, actualizados, ajustados o incluso denunciados; pero no sirve de nada si no se tiene una visión clara de lo que han implicado hasta ahora.

Urge una evaluación objetiva de los impactos, positivos y negativos de la política de apertura comercial en la población, que además considere a los múltiples actores de la sociedad civil, la academia y otros relevantes, no se puede seguir adelante sin ello. Urge pensar en la política comercial que queremos, enmarcada en un comercio justo y con una visión de derechos.

 

Foto: MINCETUR

 

Fecha

Urge una evaluación de los impactos de la política de apertura comercial en el Perú

Hace más de dos décadas en el Perú, se viene promoviendo una política de apertura comercial que mira al comercio como la panacea y por lo tanto no se ha detenido a ver el impacto real de los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión que ha firmado. Ha tenido oportunidades para revertir algunos temas sensibles, como cuando China aceptó algunas recomendaciones del Informe Final del Examen Periódico Universal (EPU) en 2019, como la Recomendación 28.130 que señala promover medidas para garantizar que el desarrollo y los proyectos sean consistentes con los derechos humanos, el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales y  la Recomendación 21.131 que señala que se debe considerar la creación de un marco legal que garantice que las actividades llevadas a cabo por las industrias no afecten de manera negativa a los derechos humanos fuera de sus fronteras.

Esto sucedió mientras Perú y China estaban en un proceso de negociación para optimizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países habían suscrito en 2009 y que entrara en vigencia el año siguiente. Con la aceptación de China a las recomendaciones del EPU, se abría una oportunidad para incluir un capítulo ambiental; de gran importancia para los peruanos y peruanas, sobre todo si consideramos que el grueso de la inversión China se concentra el sector extractivo minero y de hidrocarburos, lo que implica que se ven involucradas zonas de alta diversidad biológica y con presencia de comunidades indígenas; pero a pesar de las recomendaciones de la sociedad civil, no se implementó.

Cada que se negocia un acuerdo comercial en el Perú, saltan inmediatamente a la vista los esfuerzos por incluir medidas en beneficio de las grandes inversiones, como los mecanismos de protección para medicamentos, sobre la transmisión de información a través de internet o protecciones mayores en el mecanismo Inversionista-Estado y nuestro país, termina accediendo a las propuestas impuestas por los países con los que se negocia. Todo ello envuelto en un secretismo que ha venido agudizándose año tras año y sin tomar en cuenta a la sociedad civil. No es suficiente que Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) convoque a reuniones informativas para exponer el proceso de las negociaciones, eso de ninguna manera valida un ejercicio participación, de transparencia e información de calidad.

Hace unos días, el 14 de julio de 2021, el Congreso de la República saliente ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), también conocido como TPP-11, que involucra a 11 países (con la mayoría ya tenemos acuerdos comerciales firmados): Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Perú. Y que hasta el momento había sido firmado por siete países. Este acuerdo, como otros ya firmados, va más allá de los asuntos meramente comerciales, y refuerza un ambiente comercial a favor de la gran inversión extranjera.

Esta ratificación express sin debate y análisis real, se ha llevado a cabo de espaldas a la sociedad civil. Este proceso debía ser acompañado de una evaluación de los impactos que ha traído la apertura de la política comercial a nuestro país y de un diálogo con la sociedad civil que ha expresado, por años, su desacuerdo. El Congreso debió buscar la mejor y más amplia información, sin que el tiempo sea una prioridad, y en aras de salvaguardar los derechos de nuestras poblaciones, por encima de los intereses comerciales, se debió concertar un espacio amplio para la discusión.

Le corresponde al gobierno entrante hacer una evaluación de los impactos de la política de la apertura comercial que hasta el momento ha tenido implicancias en nuestra política interna y soberanía; asimismo, le corresponde establecer mecanismos que involucren la participación ciudadana, donde se pueda establecer que tipo de comercio queremos, las líneas rojas de las negociaciones y buscar un comercio que promueva una integración regional y no valide la agenda de los intereses de las trasnacionales afianzando un modelo de desarrollo extractivista que no coloca como prioridad en su agenda a los derechos humanos.

Foto / Publicado en: Para Amarilla

Fecha

Congreso peruano aprueba el TPP-11 sin diálogo con la sociedad civil

Autor(es):
RedGE Perú
Fecha de publicación
Ciudad
Lima

A pesar de tener acuerdos firmados con la mayoría de los países involucrados, este Congreso saliente ha insistido en la ratificación de este acuerdo, a pesar que ya no le correspondía. Este proceso debía ser acompañado de una evaluación de los impactos que ha traído la apertura de la política comercial a nuestro país y de un diálogo con la sociedad civil que ha expresado, por años, su desacuerdo. 

Reporte de cifras sobre los ISDS Perú hasta 2020

Serie
TLC
Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Autor(es)
Transnational Institute - TNI

De acuerdo con los datos de la UNCTAD, entre los años 2019 y 2020, Perú recibió nueve demandas por parte de sus inversores. Solo en 2020, y en plena crisis sanitaria, el Estado peruano recibió seis demandas de arbitraje internacional, además de cinco amenazas de posibles querellas en estas mismas instancias.

Mapa digital sobre avance de vacunación evidencia falta de datos oficiales acerca de stock y distribución final de vacunas

La Asociación Internacional para la Salud (AIS Perú) advirtió que no se cuenta con los datos finales de distribución de la vacuna contra la COVID-19, además de los que se puedan obtener del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES)1.

Como resultado del cruce de datos en su “MAPA DE AVANCE DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 POR REGIONES”, AIS Perú evidenció que se desconocen datos de distribución de vacunas por parte de los ministerios de Defensa y del Interior, instituciones que también gestionan hospitales y centros de salud en el país, además del personal policial y de Fuerzas Armadas que también ha recibido dosis de vacunas. Ello evidencia una falta de rectoría nacional por parte del MINSA al que se le debería de reportar el destino de cada una de vacunas.

Otro dato desconocido es la “merma de vacunas”, es decir, aquellas dosis que se haya podido perder por no haber una cadena de frío adecuada o por accidentes como derrames o rompimiento de envases al momento de manipularlas. 

“Conocer este dato también nos ayudaría a saber si se cumplen con las condiciones de ‘ultracongelación’ en las regiones para tomar decisiones técnicas y más científicas para evitar pérdidas”, remarcó Javier LLamoza, representante de AIS Perú.

Llamoza Jacinto añadió que, en el caso de las vacunas de Pfizer, habría mayor posibilidad de pérdida, si se toma en cuenta que cada presentación contiene seis dosis. En el caso de Sinopharm, las vacunas se presentan en ‘monodosis’. 

Midiendo el stock de vacunas 

Esta última variable es resultado del cruce de los siguientes datos: número de vacunas distribuidas por el CENARES y la Data Completa de Vacunación COVID-19 del Ministerio de Salud.
De esta manera, el mapa determina que, hasta el 24 de mayo, los 25 departamentos del país cuentan con un stock de 727,989 que se encuentran en diferentes almacenes. Dicha cifra resulta de la diferencia entre los 4,006,060 millones de vacunas distribuidas y las 3,278,071 que ya fueron administradas.

El stock por departamento permite que la ciudadanía, las autoridades y los medios de comunicación puedan hacer vigilancia sobre el proceso y se puedan atender los problemas que retrasan la vacunación.

Uno de los casos a resaltar es el de Cusco, cuyo stock representa el 51,94% de las 157,620 vacunas que el CENARES ha distribuido para la región. Esta cifra nos lleva a cuestionar qué estaría sucediendo con la administración de vacunas.

Datos cruzados

El “MAPA DE AVANCE DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 POR REGIONES”, desarrollado por AIS Perú, toma como insumos la “Plataforma Nacional de datos abiertos” (al 02/05/2021), junto con los “Datos de la población por departamento extraída del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, año 2020)2.

Esta herramienta digital muestra la población vacunada, de acuerdo con la administración de una o dos dosis, datos que también se detallan por departamento. Otras de las variables que ofrece son: número de vacunas distribuidas (total y por tipo de laboratorio), así como el stock disponible (en número y porcentaje) que iría quedando conforme se realizan las jornadas de vacunación programadas. 

Al 24 de mayo, se registra que el 10% de la población peruana (3,278,071) ya ha pasado por un centro de vacunación para recibir su primera o segunda dosis (según su cronograma de vacunación). Específicamente, 1,000,564 (3.07%) de peruanos ya recibieron las dos dosis que requieren para su inmunización, mientras que, 2,277,507 (6.98%) ya tiene una dosis administrada.

Comparando los datos, Cajamarca es el departamento que más está demorando en vacunar a su población. Los peruanos y peruanas que han completado sus dos dosis apenas representan el 1.49%, y quienes han recibido su primera dosis, el 4.02%.

DATOS

  • “El mapa de calor sobre el avance de la vacunación en el Perú” se puede encontrar en el sitio www.aisperu.org.pe.
  • La actualización de esta herramienta es semanal, en concordancia con las bases de datos del gobierno.
  • La llegada de las vacunas es variable debido a que no existe un cronograma que el Estado haya informado de manera oficial. Esto se debe a los acuerdos de confidencialidad con los laboratorios internacionales.

 

1.    Organismo Desconcentrado del Ministerio de Salud encargado de gestionar el abastecimiento de los recursos estratégicos en salud, priorizados a través de los petitorios nacionales para la atención de las intervenciones sanitarias definidas por los programas y establecimientos del MINSA, ESSALUD, organismos dependientes de los Gobiernos Regionales y otras entidades de Salud, distintas del MINSA.
2.    El comparativo de población de este mapa no parte de indicadores intermedios como grupos de edades, debido a que el objetivo como sociedad es alcanzar la vacunación universal. Es decir, esta herramienta se proyecta a futuro, cuando las vacunas puedan ser aplicadas a adolescentes y niños menores 12 años, algo que ya viene siendo estudiado por los mismos laboratorios.

 

Fecha

Hay 13 demandas por US$ 4,250 millones de empresas contra Perú pendientes de resolver

Al 2020, el Perú acumuló 25 demandas de inversionistas de capitales extranjeros que operan en el país ante tribunales internacionales, de las cuales 13 aún están pendientes de resolver, y cuyos montos conocidos de indemnizaciones suman US$ 4,250 millones, según un estudio del Transnational Institute (TNI) de Holanda.

Solo el último año se presentaron seis nuevos casos ante el Ciadi y ante la Corte de Arbitraje Permanente o CPA (por sus siglas en inglés), con lo cual el Perú en el 2020 fue el país más demandado de todo el mundo ante esos tribunales, y el cuarto a nivel de América Latina y el Caribe, advirtió Bettina Müller, representante de TNI.

Los casos pendientes incluyen a la estadounidense Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings, que hace un reclamo vinculado a bonos de la reforma agraria, por US$1,800 millones; así como a la canadiense Lupaka Gold Corp, afectada por un bloqueo a su proyecto minero, y que planteó demanda al Estado por US$100 millones; entre otros (ver tabla).

Tabla Gestión/TNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denunciantes
En general las demandas relacionadas a minería, gas y petróleo suman el 36% del total de querellas, el 80% de las cuales fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos.

Todos ellos plantearon sus demandas al amparo del mecanismo de Solución de Disputas Inversor-Estado, el cual está incluido en muchos de sus tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados comerciales (TLC) vigentes, que se empezaron a firmar a partir del 2010.

Oportunidad
No obstante, Müller observó que, en vista de que, de los 27 TBI que suscribió el Perú 18 ya pasaron su fase inicial de vigencia (de 10 a 15 años) que estipulan esos tratados, el Perú tiene la oportunidad de denunciar unilateralmente dos tercios de esos acuerdos bilaterales. Recomendó además iniciar una revisión integral en forma de auditoría de los acuerdos de protección de inversiones existentes para determinar si los beneficios propuestos son mayores que los perjuicios al Estado.

EN CORTO
Fallos. Como resultado de las demandas contra el Perú que favorecieron a empresas ante tribunales internacionales, se dispuso que el país abone US$19 millones. A ello se añaden los gastos del Estado en el pago de su defensa legal, que en el caso de Renco, por ejemplo, le costó US$ 8 millones, según TNI.

Fuente: Gestión (23 de junio de 2021)

Fecha

Demandas pendientes contra Perú suman US$ 4,250 millones

Un estudio del Transnational Institute (TNI) señala que en el 2020 el Perú fue el país más demandado de todo el mundo ante tribunales internacionales.

El Perú acumula 25 demandas de inversionistas extranjeros ante tribunales internacionales, de los cuales 13 aún están pendientes de resolución, según un estudio del Transnational Institute (TNI).

En total, hasta el 2020, las demandas pendientes en contra del Perú sumaron montos de indemnizaciones por US$ 4,250 millones.

Solo en el último año, el estudio indica que se presentaron seis nuevos casos contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y ante la Corte de Arbitraje Permanente, lo que convierte al país en el más demandado del mundo durante el 2020.

¿Cuáles fueron las empresas que presentaron las demandas?
El 80% de las demandas presentadas fueron realizadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos, y un 36% de las querellas están relacionadas a minería, gas y petróleo:

  • Worth Capital Holding: Evoca el acuerdo de Promoción de Comercio Perú - Estados Unidos.
  • Lupaka Gold Corp: Evoca el TLC Perú - Canadá y pide US$ 100 millones.
  • Amorrortu: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos y pide un monto de US$ 90 millones.
  • Freeport-MC Moran Inc.: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos
  • Odebrecht Latinvest: Evoca el tratado Perú - Unión Económica Bélgica Luxemburgo. Pide US$ 1,200 millones.
  • SMM Cerro Verde Netherlands: Evoca el TBI Perú - Países Bajos ante el Ciadi.
  • Panaméricana Televisión y otros: Evoca el TBI Perú - Suiza y reclama un monto de US$ 460 millones.
  • Latam Hydro LLC and CH Mamacocha: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos por un monto de US$ 47 millones.
  • IC Power Ltd and Kenon Holdings: Evoca el TLC Perú - Singapur. Reclama un monto de US$ 150 millones.
  • The Renco Group: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos en el sector de minería.
  • Enagas S.A y Enagas Internacional: Evoca el TBI Perú - España. Pide un monto de US$ 408 millones.
  • Kuntur Wasi: Evoca el TBI Perú - Argentina en el sector de Construcción.
  • Gramercy Funds Management: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos. Reclama un monto de US$ 1,800 millones

Como se observa, estas demandas fueron planteadas en amparo del mecanismo de Solución de Disputas Inversor Estado, incluido en muchos de sus tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados comerciales (TLC) vigentes.

Según Bettina Muller, representante de TNI, esto representa una oportunidad para el Perú porque 18 de los 27 TBI que firmaron ya pasaron su fase inicial, por lo que el país podría denunciar unilateralmente dos tercios de esos acuerdos bilaterales.

Fuente: RPP (Economía. 24 de junio de 2021)

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