Castilla

 

 

 

 

 

La justificación económica del paquete de medidas es que el Perú puede verse muy afectado en su crecimiento por el contexto mundial sobre "menores precios de materias primas, mayores costos financieros y un menor crecimiento de las economías emergentes. Para afrontar este contexto, el Ministerio de Economía propone, a corto plazo, una política económica por el lado de  la demanda, consistente en un impulso fiscal expansivo; y a mediano plazo, por el lado de la oferta, apuntalar el crecimiento a través de la agilización de la inversión. La sociedad civil considera que esta justificación es muy escueta y nos deja a los ciudadanos, la sensación de una desprotección muy grande frente a grupos con poder económico. 

 

 

Ante ello, diversas organizaciones, miembros del Grupo Perú COP20, así como de pueblos indígenas, de derechos humanos, gremios, sindicatos, entre otros, expresan su profundo rechazo ante las propuestas adoptadas por el Gobierno y, en un pronunciamiento publicado en el diario La República,  aseguraron que esta medida recortará las facultades del Ministerio del Ambiente y por consiguiente debilitarán los estándares ambientales.

 

Las agrupaciones firmantes decidieron iniciar una campaña bajo el lema “No al paquetazo Castilla. Por una economía al servicio de l@s peruan@s”, que consistió en realizar una conferencia de prensa y un plantón en la Plaza San Martín, cuyo objetivo fue dar a conocer el tema a la opinión pública y sensibilizar a la población sobre estas peligrosas medidas. 

 

En el marco de esta campaña las organizaciones nacionales de pueblos indígenas u originarios del Perú: la Confederación Nacional Agraria - CNA, la Confederación Campesina del Perú -CCP, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP, la Unión Nacional de Comunidades Aymaras – UNCA, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú-CUNARC-P, articuladas en el PACTO DE UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ, publicaron el domingo 7 de setiembre en el diario La República un pronunciamiento en el que rechazaron el paquete de medidas aprobado mediante la Ley Nº 30230 con el pretexto de promover la inversión privada y estimular el crecimiento económico, ya que no solo debilita la institucionalidad ambiental, sino que también afecta la seguridad jurídica territorial de los pueblos y comunidades indígenas u originarios.