2025

A doce años de la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, el balance revela una brecha notable entre las promesas iniciales y los resultados observados. El tratado no ha producido la transformación económica, social y ambiental que tanto se anunció en el momento de su firma y su ratificación. Por el contrario, sus beneficios han sido acotados, desiguales y, además, acompañados de retrocesos normativos importantes.

En lo comercial, el TLC no ha generado un impacto significativo en el desempeño general del comercio exterior peruano. El intercambio con la Unión Europea no ha mostrado un crecimiento sostenido, y tanto exportaciones como importaciones han experimentado periodos de caída. Aunque la balanza comercial suele ser favorable a Perú, esta tendencia no ha sido constante ni tampoco suficiente para afirmar que el acuerdo impulsó un proceso estable de desarrollo exportador. Incluso el aumento de las exportaciones no tradicionales, que siempre es presentado como un gran logro, no ha ido acompañado de cambios estructurales en la economía peruana ni de condiciones laborales adecuadas.

Un ejemplo emblemático es el agroexportador, que ha crecido en volumen y sobre todo en presencia internacional, pero sin traducirse en mejoras para los trabajadores y trabajadoras, ni para los territorios donde opera. Este crecimiento se apoya en una fuerte precarización del empleo, contratos temporales y obstáculos para la libertad sindical, lo que revela que el “éxito” comercial viene acompañado de profundas desigualdades. A esto se suma el uso intensivo del agua y la presión sobre ecosistemas frágiles, especialmente en zonas afectadas por estrés hídrico, donde las comunidades locales enfrentan los mayores impactos.

«Nada está escrito sobre piedra, y los acuerdos comerciales pueden y deben revisarse hacia un modelo que ponga en el centro a las personas, los territorios y el medio ambiente».

En materia ambiental, el TLC tampoco ha contribuido a fortalecer estándares o garantizar un desarrollo más sostenible. Por el contrario, el Estado peruano ha flexibilizado su normativa ambiental a lo largo de estos años con el fin de atraer inversiones, debilitando la gestión ambiental y reduciendo la protección de los territorios y de los pueblos indígenas. Estas medidas contrastan directamente con los compromisos del acuerdo que señala que ninguna de las partes debe reducir sus niveles de protección ambiental o laboral para favorecer el comercio o la inversión.

Por otro lado, el TLC con la Unión Europea cuenta con un mecanismo de participación de la sociedad civil que tampoco ha funcionado como un espacio real de diálogo o rendición de cuentas. A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones de sociedad civil, el mecanismo ha demostrado ser limitado, poco participativo y con escaso impacto en las decisiones de política pública.

Nadie niega la necesidad del comercio. Pero lo cierto es que la política comercial, tal y como se viene implementando, es una política de espaldas a la gente. Pero nada está escrito sobre piedra, y los acuerdos comerciales pueden y deben revisarse hacia un modelo que ponga en el centro a las personas, los territorios y el medio ambiente. Repensar este tipo de acuerdos es una tarea urgente para garantizar que el comercio no se construya a costa de los derechos y del bienestar de las poblaciones más vulnerables.

Pese a los compromisos asumidos en diversos espacios internacionales, el Estado peruano viene debilitando sistemática y progresivamente su política de protección ambiental, a través de reformas legales regresivas, una débil implementación de políticas públicas y una falta de voluntad política para enmendar errores. Esta situación no solo vulnera tratados internacionales de derechos humanos, su propia Constitución política y su normativa interna, sino que coloca al país en una situación de incumplimiento respecto de sus obligaciones asumidas en el marco de sus principales acuerdos comerciales internacionales, como el suscrito con la Unión Europea en 2013.

El acuerdo comercial con la Unión Europea incluye cláusulas específicas que obligan a los países a garantizar altos niveles de protección ambiental, asegurar el manejo sostenible de los recursos forestales; intensificar sus esfuerzos frente al cambio climático; asimismo, prohíbe reducir las salvaguardas ambientales y, explícitamente, flexibilizar la legislación ambiental con el objetivo de incentivar el comercio o la inversión. Sin embargo, estos compromisos vienen siendo incumplidos.

Uno de los ejemplos más evidentes de ello es la aprobación, en enero de 2024, de la Ley 31973, que modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, para trasladar la competencia de la zonificación forestal, del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pese a las advertencias técnicas del propio Estado y de organismos internacionales. Además, suspendió por tres años la exigencia de contar con zonificación forestal para otorgar títulos habilitantes y abrió la puerta a la legalización de deforestaciones no autorizadas en predios privados[1]. Si bien en marzo de 2025, el Tribunal Constitucional peruano declaró fundada en parte una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, en esencia la validó, pese al peligro que sigue representando para la conservación de los recursos[2].

Estas modificaciones, que generaron un debilitamiento profundo del sistema de protección de los bosques, fueron aprobadas, además, sin consulta previa a los pueblos indígenas, a pesar de los impactos directos sobre sus territorios, y en un claro desacato a las obligaciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT. Diversas organizaciones indígenas, académicas y de la sociedad civil, así como organismos internacionales, alertaron sobre el impacto de esta nueva normativa en el incremento de actividades ilegales, el aumento de la deforestación y de la violencia contra personas defensoras ambientales, en un contexto donde más de 30 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos.

A ello se suma la debilidad estructural del Estado en materia de trazabilidad y fiscalización del sector maderero. Por ejemplo, desde 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera ha advertido que este es un sector altamente informal, vulnerable al lavado de activos y con fuerte presencia de economías ilícitas como la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico[3]. La limitada fiscalización estatal en zonas de difícil acceso facilita la convergencia criminal y compromete la capacidad del país para demostrar el origen lícito de sus productos forestales, exigencia fundamental de acuerdos comerciales como el suscrito con la Unión Europea.

«Resulta imprescindible que los mecanismos del acuerdo comercial con la Unión Europea sean activados para exigir, con participación de la sociedad civil, el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos»

Al mismo tiempo, el gobierno peruano ha promovido regulaciones orientadas a “reducir la tramitología” ambiental para acelerar proyectos de inversión, debilitando el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Así, entre 2023 y 2024 fueron aprobadas normas reglamentarias que disminuyen los estándares de evaluación ambiental, lo que resulta más grave en un país que aún cuenta con más de 6,000 pasivos ambientales no remediados[4]. Una de estas normas suspendió el procedimiento único de certificación ambiental, con lo que durante dos años se dejó al Estado sin un instrumento clave, debilitándose la capacidad de control en proyectos de alto riesgo ambiental. Este tipo de flexibilizaciones se dio en directa contravención de la cláusula del acuerdo comercial con la Unión Europea que prohíbe reducir los niveles de protección ambiental para facilitar inversiones.

El Estado peruano tampoco ha cumplido con sus compromisos en materia de cambio climático, pese a haber asumido metas ambiciosas en sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). El cambio de uso de suelo, la principal fuente de emisiones del país, se ha visto agravada por una legislación regresiva que facilita la deforestación, lo que compromete la capacidad del país para contribuir a los objetivos globales de mitigación, también en contravención a otra cláusula del mencionado acuerdo comercial[5].

También existe una escasa implementación de políticas públicas, como el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), cuya implementación ha sido muy débil. En efecto, a falta de información oficial, un reporte de 2023 de la sociedad civil[6], verificó que solo se implementó el 10 % de sus metas, pese a que varias de ellas están orientadas precisamente a incorporar la conducta empresarial responsable y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, consulta previa y monitoreo ambiental. La ausencia de presupuesto específico y del liderazgo institucional del órgano rector, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, refleja una clara falta de voluntad política para cumplir con estos compromisos.

Frente a esta situación, resulta imprescindible que los mecanismos del acuerdo comercial con la Unión Europea sean activados debidamente para exigir, con la plena participación de la sociedad civil, el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos. Esto debe servir para generar un plan de trabajo u hoja de ruta acordadas con el Estado peruano, que contenga medidas específicas, indicadores, metas y mecanismos de evaluación que garanticen corregir la flexibilización de la política pública ambiental peruana, en tanto vulnera gravemente los derechos humanos de las personas y los derechos de la naturaleza.

Servindi, 2 de diciembre, 2025.- El retroceso permanente de Perú en política ambiental pone en serio riesgo el Acuerdo Comercial con la Unión Europea (AC-UE) advirtieron el lunes 1 de diciembre organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de un patrón sistemático y acumulativo de flexibilización ambiental que afecta las obligaciones asumidas por el Perú con la UE, de manera especial en el capítulo de Desarrollo Sostenible.

El AC-UE compromete al Perú a mantener altos niveles de protección ambiental, evitar retrocesos normativos para incentivar inversiones, promover el manejo sostenible de los bosques y mejorar sus climáticos (arts. 268, 273, 275 y 277).

Sin embargo, el Perú viene haciendo todo lo contrario.

Organizaciones que forman parte del Grupo Consultivo del Acuerdo comercial con Unión Europea alertaron que el Perú está en un proceso sistemático y acumulativo de regresión ambiental.

Este patrón sistemático está quebrando la estructura ambiental y generando perjuicio a la Amazonía, la gobernanza forestal, los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el AC-UE.

La Unión Europea ha establecido estándares estrictos en materia ambiental y climática en su política comercial. El debilitamiento sistemático del marco ambiental peruano pone al país en una situación de incumplimiento creciente y compromete la confianza entre las partes.

Integrantes de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), MOCICC, DAR y Proética coincidieron en que estos retrocesos “no son hechos aislados”.

La regresión ambiental forma parte “de un patrón que debilita la capacidad del Estado para proteger el ambiente, fiscalizar actividades extractivas y combatir el crimen organizado vinculado a economías ilegales”.

Enfatizaron que Perú necesita recuperar la ruta del cumplimiento, fortalecer sus instituciones y garantizar una participación ciudadana real, autónoma y sin restricciones. El comercio con la UE no se debe construir a costa de los derechos, los bosques y el clima, invocaron.

Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) alertó sobre la delegación de facultades al Poder Ejecutivo pues “existe el riesgo de nuevas medidas regresivas que profundicen este patrón de debilitamiento ambiental”.

Ana Romero, coordinadora ejecutiva de la RedGE, destacó que el patrón de retrocesos “envía un mensaje muy negativo a la UE” y puede afectar la credibilidad del país.

“Y si además se restringe el trabajo de sociedad civil a través de normas como la Ley APCI, se pone en riesgo el único mecanismo que tiene la UE para verificar si el Perú está cumpliendo”, señaló Romero.

Las organizaciones advirtieron que el país necesita retomar la ruta del cumplimiento y fortalecer la institucionalidad ambiental para evitar mayores impactos sobre la Amazonía y sobre las comunidades que dependen de ella.

Medidas regresivas

El Congreso de la República y el Poder Ejecutivo aprobaron en años recientes medidas legales y reglamentarias que han debilitado pilares esenciales del marco ambiental peruano.

Con el pretexto de “reactivar la economía” o “acelerar la inversión” se han expedido normas como la Ley 31973, promulgada en (enero de 2024, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Dicha norma calificada por sectores ciudadanos como Ley Antiforestal traslada la aprobación de la zonificación forestal del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Agricultura, reduciendo el enfoque ecosistémico.

Además, suspende la obligación de contar con zonificación forestal para otorgar títulos habilitantes y permite legalizar la deforestación previa en predios con constancias de posesión.

La norma se expidió a pesar de la oposición de diversas entidades como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Poder Ejecutivo, embajadas europeas, relatores de la ONU y organizaciones indígenas.

Los cuestionamientos advirtieron que dicha ley facilita la apropiación de territorios, agrava la deforestación, incrementa el riesgo para defensores ambientales y contradice los compromisos climáticos del Perú.

Pero más allá de la Ley Antiforestal desde 2014 Perú aprobó otras normas que reducen las capacidades de fiscalización ambiental, limitan las sanciones administrativas y debilitan el Sistema Nacional de Impacto Ambiental (SEIA).

Es el caso de la Ley 30230 conocido como la Ley del “paquetazo ambiental”, que modifica el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y otros decretos que generan incentivos perversos para la minería ilegal e informal.

No solo se restringen herramientas judiciales para perseguir delitos ambientales sino que además se reduce la participación ciudadana en la certificación ambiental.

Efectos acumulativos

El debilitamiento estructural ambiental afecta directamente la capacidad del Estado peruano para cumplir sus compromisos climáticos, conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas y prevenir delitos ambientales.

La deforestación -que ya avanzaba a un ritmo promedio de 132.000 hectáreas por año- se ve potenciada por las nuevas normas.

La criminalidad ambiental opera con mayor facilidad: la tala ilegal, el tráfico de tierras y la minería ilegal encuentran vías para evadir controles, lo que ha sido advertido incluso por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Este escenario no solo vulnera tratados ambientales internacionales, sino que compromete el principio de no regresión, fundamental en el capítulo de Desarrollo Sostenible del AC.

Vigilancia debilitada

Aunque el AC-UE contempla mecanismos de participación ciudadana -como el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible y los Grupos Consultivos Internos (GCI)-, en el caso peruano estos no funcionan adecuadamente.

El Perú decidió reemplazar el GCI por espacios ya existentes que no fueron creados para el TLC, carecen de autonomía y representatividad, y no permiten un seguimiento adecuado de los compromisos ambientales.

La situación en Perú contrasta con lo que ocurre en Colombia y Ecuador, que sí han creado GCI ad hoc para el acuerdo con la UE.

Riesgos para la supervisión independiente

La reciente Ley APCI que modifica el marco legal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional aumenta el riesgo de restringir o debilitar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que monitorean la política ambiental y el cumplimiento del AC-UE.

El acuerdo comercial reconoce de manera explícita el rol de la sociedad civil como parte de los mecanismos de vigilancia y cualquier limitación al trabajo de organizaciones no gubernamentales pone en riesgo esta función.

Su expedición, reglamentación y manejo puede generar tensiones diplomáticas y afectar la credibilidad del Perú ante la UE, más aún considerando que el propio tratado habilita a la sociedad civil europea y andina a elevar preocupaciones sobre retrocesos.

Delegación de facultades: un momento crítico

La discusión actual sobre delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo abre un riesgo adicional: si el Ejecutivo utiliza estas facultades para aprobar más medidas de flexibilización ambiental, el patrón regresivo podría profundizarse.

Varias carteras –como Energía y Minas y Agricultura– han mostrado interés en reducir requisitos ambientales bajo el argumento de acelerar inversiones. Este contexto exige máxima vigilancia, transparencia y control ciudadano.

Una década de retrocesos. Desde 2014, una serie de normas aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, entre ellas el llamado Paquetazo Ambiental y la Ley 31973, señalada como una ley Antiforestal han debilitado la institucionalidad de protección del entorno en el país, advierten organizaciones parte del Grupo Consultivo del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (AC-UE). Estos cambios contradicen el Acuerdo Comercial entre Perú y la UE y elevan el riesgo de tensiones comerciales, justo cuando Europa endurece sus controles y exige trazabilidad y productos libres de deforestación en las cadenas de suministro.

Perú no solo está debilitando su política ambiental. Está comprometiendo su permanencia en uno de sus acuerdos comerciales más importantes. Organizaciones de la sociedad civil alertaron que un conjunto de normas aprobadas en los últimos años, y que se han intensificado recientemente, configuran un patrón sistemático de retrocesos ambientales que podría activar tensiones serias con la Unión Europea, principal bloque que exige altos estándares de protección ambiental, trazabilidad y respeto de derechos humanos en sus relaciones comerciales.

Representantes de RedGE, el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Proética, todas ellas parte del Grupo Consultivo del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (AC-UE), alertaron una década de retrasos. 

Una década de normas regresivas

Según explicó Micaela Guillén, coordinadora nacional del MOCICC, este proceso se remonta al año 2014, cuando se aprobó la Ley 30230, una norma que redujo las capacidades sancionadoras del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en un contexto de impulso a la inversión privada en proyectos extractivos.

“La flexibilización ambiental no empezó hoy. La Ley 30230, los cambios al SEIA (Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) y las recientes normas regresivas han ido desmontando capacidades institucionales”, advirtió Guillén.

En esa misma línea, identificó a la Ley 31973 como uno de los ejemplos más graves del proceso de desmantelamiento ambiental. Esta norma, explicó, facilita la legalización de la deforestación ocurrida de manera irregular, debilita la zonificación forestal y reduce el rol del Ministerio del Ambiente (MINAM) en decisiones clave.

“Esto no solo debilita la protección de los bosques, sino que contradice abiertamente los compromisos del Perú en el Acuerdo Comercial con la Unión Europea”, señaló.

Las organizaciones sostienen que estas medidas vulneran artículos centrales del acuerdo, entre ellos los artículos 268, 273, 275 y 277, que obligan al Estado peruano a mantener altos niveles de protección ambiental y a no debilitar su legislación como incentivo comercial

La Amazonía en la primera línea de riesgo

Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), puso el énfasis en los impactos territoriales de estos retrocesos normativos. Explicó que la Ley 31973 y otras medidas recientes abren la puerta a la expansión de economías ilegales, el tráfico de tierras y la invasión de territorios indígenas.

“La Ley 31973 debilita la zonificación forestal, promueve el tráfico de tierras y abre la puerta a economías ilegales. Esto incrementa el riesgo para pueblos indígenas que ya enfrentan invasiones, deforestación y ausencia del Estado”, advirtió Cueto.

Para las organizaciones, esto ocurre en un contexto donde la presencia estatal en la Amazonía ya es precaria y donde las mafias vinculadas a la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico encuentran cada vez más facilidades para operar.

“Nada de esto es compatible con los compromisos internacionales del Perú, especialmente con la Unión Europea, que exige trazabilidad, transparencia y sostenibilidad”, remarcó Cueto.

El riesgo de un conflicto comercial

Más allá del impacto ambiental, las organizaciones advirtieron que el debilitamiento normativo puede tener consecuencias directas sobre la relación comercial con la Unión Europea, uno de los principales socios del Perú en exportaciones agrícolas, forestales y de productos que están bajo creciente escrutinio ambiental.

Ana Romero, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), sostuvo que el país está enviando una señal contradictoria a la comunidad internacional.

“El Acuerdo Comercial exige participación ciudadana real, transparencia y altos estándares ambientales. El patrón de retrocesos que estamos viendo no solo vulnera esos compromisos, sino que envía un mensaje muy negativo a la Unión Europea”, afirmó.

Romero agregó que la posible aprobación de normas que restrinjan el trabajo de la sociedad civil —como los cambios en la Ley APCI— agrava aún más la situación, porque limita los mecanismos independientes de vigilancia.

“Si además se restringe el trabajo de la sociedad civil a través de normas como la Ley APCI, se pone en riesgo el único mecanismo que tiene la Unión Europea para verificar si el Perú está cumpliendo”, alertó.

Durante la conferencia también se mencionó que la Unión Europea ha venido endureciendo sus mecanismos de control sobre productos asociados a la deforestación, el cambio de uso de suelo y las violaciones de derechos humanos en cadenas de suministro.

“El problema es que ahora la Unión Europea ya no solo mira cuánto exportas, sino cómo lo produces. Y si el Perú institucionaliza la deforestación, puede enfrentarse a barreras comerciales más duras”.

Esta declaración se enmarca en la entrada en vigencia de nuevas regulaciones europeas sobre productos libres de deforestación, lo que convierte a la Amazonía peruana en un territorio crítico para el futuro de las exportaciones nacionales.

Normas de espalda a la sociedad 

Otro punto que generó preocupación fue el contexto de delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que abriría la posibilidad de aprobar nuevas normas sin un debate público amplio ni evaluaciones de impacto ambiental profundas.

“Existe el riesgo de nuevas medidas regresivas que profundicen este patrón de debilitamiento ambiental”, advirtieron las organizaciones.

Para los especialistas, esto podría traducirse en más recortes al rol del Ministerio del Ambiente, reducción de controles sobre grandes proyectos de infraestructura, y mayor flexibilidad para la regularización de actividades ilegales en territorios forestales.

Las organizaciones concluyeron que el país aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero que el costo político, ambiental y económico de no hacerlo será alto.

“El futuro de nuestros bosques y nuestra credibilidad internacional están en juego”, concluyó Ana Romero.

Más allá de un debate técnico, lo que está en juego es si el Perú decide sostener un modelo de desarrollo basado en la destrucción de su Amazonía o si opta por alinearse, de verdad, con los compromisos ambientales que ya ha firmado ante el mundo.

Porque esta vez no se trata solo de una sanción administrativa o de una observación diplomática; es el riesgo real de que el Perú pierda mercados, influencia y legitimidad por impulsar normas que afectan su propia institucionalidad.

https://convoca.pe/agenda-propia/peru-debilita-sus-normas-ambientales-y-pone-en-riesgo-su-acuerdo-comercial-con-la