El impacto del TPP en el acceso a los medicamentos en Perú y Colombia
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Autor(es)
RedGE, Alianza LAC Global
Las organizaciones de la Alianza LAC - Global han decidido aportar al debate y al proceso de negociación, un análisis de los efectos que el TPP podría tener en el gasto y el acceso a los medicamentos en nuestros países, utilizando métodos rigurosos ya probados en escenarios académicos. En concreto, evaluamos el impacto que pueden tener sobre el precio y el gasto en medicamentos tres de las medidas que modifican substancialmente el régimen de propiedad intelectual de los dos países.
Tras la presentación, en octubre de 2017, de una queja en contra del gobierno peruano, por el debilitamiento de los estándares ambientales y laborales, contenidos en el TLC con la UE, Perú, Colombia y Ecuador, el Presidente del Parlamento de Valonia (Béligica), André Antoine, reconoció que existen elementos que deben discutirse entre los socios comerciales de dicho Acuerdo Comercial e indicó que es importante investigar las denuncias de violación a las obligaciones establecidas en el TLC.
El Presidente del Parlamento de Valonia respondió así a una carta enviada por el Grupo Consultivo Interno de Perú, el pasado 05 de junio de 2018. En dicha misiva se pide a Antoine que espere los resultados de la queja, antes de discutir la ratificación del acuerdo. En su respuesta, el alto funcionario belga informó que su colega parlamentario, Maxime Prévot, del Comité de Relaciones Internacionales, ha pedido que la Comisión Europea garantice, en una eventual ratificación del tratado -por parte de Bélgica- que no irrumpa con el procedimiento actual de revisión de la queja presentada. En ese sentido, remarcó que la votación sobre el decreto de aprobación del tratado tendrá lugar, una vez obtenida esta garantía esencial. Sin embargo las organizaciones de sociedad civil peruanas y europeas que formamos parte de los grupos consultivos internos consideramos que ratificar este acuerdo en este momento sería afirmar la primacía de las disposiciones económicas sobre el respeto de los derechos laborales y el medio ambiente.
Esta audiencia, que se realizó el 27 de febrero de 2018, examina grandes tratados de libre comercio de manera pluralista, reflejando distintas corrientes de opinión, incluido el de la sociedad civil. En ella, Mathias Jorgensen de la Comisión Europea de Comercio resaltó la queja presentada al Gobierno peruano y felicitó a la sociedad civil por el análisis exhaustivo del tratado. Indicó que es la primera vez que reciben un documento tan completo, y por ello, se requiere un análisis jurídico muy minucioso, que esperan culminar en octubre de este año, por lo que aún no pueden pronunciar una posición definitiva.
Al cumplirse este 01 de marzo de 2018 cinco años de entrada en vigencia del TLC entre la Unión Europea, Perú, Colombia y posteriormente Ecuador, el Gobierno peruano ha incumplido sus obligaciones referidas a las normas laborales y ambientales protegidas en este acuerdo. Existe una desmesurada flexibilización de la normativa ambiental, que debilita la protección al medio social y ha generado efectos permisivos en las empresas, vicios en el proceso de evaluación ambiental por parte del funcionario evaluador y vulneración de derechos de territorio de los Pueblos Indígenas. Por ello, la sociedad civil organizada se ha constituido en el Grupo Consultivo Interno - GCI, para dar seguimiento a dicho tratado y exigir al gobierno que recoja el análisis que se viene haciendo respecto a estos casos y se tomen las acciones correctivas.
Ana Romero, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE dijo que el gobierno peruano no garantiza la aplicación efectiva de sus propias leyes y no se respetan los estándares laborales contenidos en las normas internacionales de derechos humanos y en los convenios sobre los derechos y las libertades fundamentales de los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Si bien reconocemos que el TLC con la Unión Europea tiene como resultado una balanza comercial positiva, ello no basta si se siguen violando los derechos de las personas en nuestro país. A lo que hay que sumarle que no existe una voluntad política en el Perú para hacer efectiva la participación de la sociedad civil, con un gobierno que no garantiza un diálogo eficaz y no ha promovido las consultas sobre los temas involucrados en el Título IX de Comercio y Desarrollo Sostenible”, enfatizó.
Por su parte, Géraldine Duquenne de Justicia y Paz, miembro de la Plataforma Europa - Perú y del Grupo Consultivo Interno de Unión Europea, recordó que en octubre pasado 14 organizaciones europeas, con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil nacional, incluyendo centrales sindicales, presentaron una queja ante la Comisión Europea de Comercio por la falta de cumplimiento de los compromisos laborales y ambientales, previstos en este acuerdo comercial, con la que se busca que la Unión Europea reaccione a los incumplimientos del Perú y que reconfirme que el desarrollo sostenible y los derechos humanos tienen la misma importancia que el comercio.