Parlamento Valonia
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A cinco años del TLC con la Unión Europea, Perú, Colombia y Ecuador
Tras la presentación, en octubre de 2017, de una queja en contra del gobierno peruano, por el debilitamiento de los estándares ambientales y laborales, contenidos en el TLC con la UE, Perú, Colombia y Ecuador, el Presidente del Parlamento de Valonia (Béligica), André Antoine, reconoció que existen elementos que deben discutirse entre los socios comerciales de dicho Acuerdo Comercial e indicó que es importante investigar las denuncias de violación a las obligaciones establecidas en el TLC.
Tras resaltar la participación de la sociedad civil en el Título IX sobre Desarrollo Sostenible, André Antoine, señaló que para los parlamentarios del CDH, es importante que esta queja sea debidamente investigada y que a toda la luz sea difundida, de ser necesario, mediante el nombramiento, por las partes involucradas, de un "grupo de expertos.
El Presidente del Parlamento de Valonia respondió así a una carta enviada por el Grupo Consultivo Interno de Perú, el pasado 05 de junio de 2018. En dicha misiva se pide a Antoine que espere los resultados de la queja, antes de discutir la ratificación del acuerdo. En su respuesta, el alto funcionario belga informó que su colega parlamentario, Maxime Prévot, del Comité de Relaciones Internacionales, ha pedido que la Comisión Europea garantice, en una eventual ratificación del tratado -por parte de Bélgica- que no irrumpa con el procedimiento actual de revisión de la queja presentada. En ese sentido, remarcó que la votación sobre el decreto de aprobación del tratado tendrá lugar, una vez obtenida esta garantía esencial. Sin embargo las organizaciones de sociedad civil peruanas y europeas que formamos parte de los grupos consultivos internos consideramos que ratificar este acuerdo en este momento sería afirmar la primacía de las disposiciones económicas sobre el respeto de los derechos laborales y el medio ambiente.
Para el eurodiputado Helmut Scholz, quien visitó Lima en el marco de los cinco años de entrada en vigencia del TLC UE, la evaluación positiva del Gobierno de Perú y de los grandes empresarios sobre el impacto del TLC sobre el desarrollo económico y las perspectivas de relaciones comerciales es contraria a lo que la delegación europea pudo observar. “El Perú no ha cumplido con los requisitos del TLC en materia de desarrollo sostenible. Quedó en evidencia que el Gobierno del Perú no quiere convocar formalmente al Grupo de consulta local como lo requiere el capítulo del acuerdo relativo al desarrollo sostenible”, enfatizó.
Audiencia TLC UE-Colombia-Ecuador-Perú en el Parlamento Walon
Esta audiencia, que se realizó el 27 de febrero de 2018, examina grandes tratados de libre comercio de manera pluralista, reflejando distintas corrientes de opinión, incluido el de la sociedad civil. En ella, Mathias Jorgensen de la Comisión Europea de Comercio resaltó la queja presentada al Gobierno peruano y felicitó a la sociedad civil por el análisis exhaustivo del tratado. Indicó que es la primera vez que reciben un documento tan completo, y por ello, se requiere un análisis jurídico muy minucioso, que esperan culminar en octubre de este año, por lo que aún no pueden pronunciar una posición definitiva.
Al cumplirse este 01 de marzo de 2018 cinco años de entrada en vigencia del TLC entre la Unión Europea, Perú, Colombia y posteriormente Ecuador, el Gobierno peruano ha incumplido sus obligaciones referidas a las normas laborales y ambientales protegidas en este acuerdo. Existe una desmesurada flexibilización de la normativa ambiental, que debilita la protección al medio social y ha generado efectos permisivos en las empresas, vicios en el proceso de evaluación ambiental por parte del funcionario evaluador y vulneración de derechos de territorio de los Pueblos Indígenas. Por ello, la sociedad civil organizada se ha constituido en el Grupo Consultivo Interno - GCI, para dar seguimiento a dicho tratado y exigir al gobierno que recoja el análisis que se viene haciendo respecto a estos casos y se tomen las acciones correctivas.
Ana Romero, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE dijo que el gobierno peruano no garantiza la aplicación efectiva de sus propias leyes y no se respetan los estándares laborales contenidos en las normas internacionales de derechos humanos y en los convenios sobre los derechos y las libertades fundamentales de los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Si bien reconocemos que el TLC con la Unión Europea tiene como resultado una balanza comercial positiva, ello no basta si se siguen violando los derechos de las personas en nuestro país. A lo que hay que sumarle que no existe una voluntad política en el Perú para hacer efectiva la participación de la sociedad civil, con un gobierno que no garantiza un diálogo eficaz y no ha promovido las consultas sobre los temas involucrados en el Título IX de Comercio y Desarrollo Sostenible”, enfatizó.
Por su parte, Géraldine Duquenne de Justicia y Paz, miembro de la Plataforma Europa - Perú y del Grupo Consultivo Interno de Unión Europea, recordó que en octubre pasado 14 organizaciones europeas, con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil nacional, incluyendo centrales sindicales, presentaron una queja ante la Comisión Europea de Comercio por la falta de cumplimiento de los compromisos laborales y ambientales, previstos en este acuerdo comercial, con la que se busca que la Unión Europea reaccione a los incumplimientos del Perú y que reconfirme que el desarrollo sostenible y los derechos humanos tienen la misma importancia que el comercio.
La Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) cumple 10 años impulsando el seguimiento y vigilancia de los acuerdos comerciales con un enfoque de derechos, entre ellos el firmado con la Unión Europea, Perú, Colombia y Ecuador, por ello, y en alianza con la ANC, CEPES, EQUIDAD, DAR y la CNDDHH, realizó el Foro Público Internacional TLC Unión Europea: ¿Hacia dónde vamos?, el 23 de noviembre de 2017, que tuvo como panelista s a Géraldine Duquenne de Justicia y Paz de Bélgica, Juan Curvi de la Fundación DONUM de Ecuador y Juan José Gorritti de la CGTP.
“Ya se anticipa en Ecuador quienes serán los ganadores y perderos del TLC con la UE en sólo 10 meses de entrado en vigencia. Los ganadores son los importadores, con sus productos baratos y que provoca un conflicto con la industria nacional, los otros ganadores son los grupos monopólicos de agricultores o la minería, empresas que no tienen el más mínimo respeto a los derechos laborales y ambientales”, enfatizó.
Finalmente, Juan José Gorritti afirmó que los derechos laborales en el Perú se mantienen en una situación de precariedad que data de años gracias a los TLC. “La CGTP se opuso al TLC con EE.UU porque sabíamos que no iba a mejorar, por el contrario son perjudiciales para el país”, dijo. Gorritti precisó que el Perú, después de Chile, es el país que más acuerdos comerciales tiene pero no ha traído ningún beneficio, seguimos siendo exportadores de materias primas. 
En el marco de los 10 años de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, se realizó, el 22 de noviembre de 2017, la Mesa Redonda “Política de Apertura Comercial: ¿Hacia dónde vamos?, cuyo objetivo es plantear el camino al que nos debemos dirigir como sociedad civil para pedir a nuestros gobiernos un cambio de política comercial, que mire más allá del comercio y se centre en los derechos de todos y todas. La mesa redonda contó con la participación de German Alarco, profesor investigador de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y de Javier Mujica, consultor de la RedGE.
“Cada vez los TLC aportan menos, pierden potencia y pierden capacidad de dinamización. Estamos en un modelo neoliberal de crecimiento pero con una reducción del componente salarial”, enfatizó al indicar que esta situación nos debe hacer pensar en otras estrategias y otras políticas comerciales que coloquen nuestros intereses por delante de las exportaciones.
“Existen alternativas de diversificación productiva, de comercio estratégico y políticas inteligentes, La OIT preparó, en base a un diagnóstico con autoridades peruanas, la implementación de un programa de trabajo decente, sin embargo, el Gobierno no lo aplicó”, sostuvo.